Nuevo descenso en el precio del supergás en Uruguay por ola de frío

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Para mitigar las bajas temperaturas que impactan al país, el Gobierno de Uruguay informó sobre una disminución significativa en el costo de la garrafa de supergás de 13 kilogramos, ajustándose a 100 pesos uruguayos. Esta acción se implementará a partir del 1 de julio y se mantendrá activa hasta el 31 de agosto, como parte de una iniciativa para reducir el gasto de los hogares en la temporada invernal, particularmente en un escenario donde las temperaturas mínimas podrían descender a –4 grados Celsius.

El descenso en los precios, que favorece a familias con subsidios y sin ellos, complementa el actual esquema que asume hasta el 50 % del gasto para los grupos más desfavorecidos de la nación. La titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería subrayó que representa un considerable esfuerzo financiero del Estado, en apoyo del bienestar ciudadano. Según cifras oficiales, más del 80 % de las viviendas en Uruguay depende del supergás como fuente principal de energía para cocinar, y un número relevante igualmente lo usa para calefaccionarse en la temporada invernal.

Con la baja anunciada, el costo del supergás descenderá de 88,46 pesos por kilo a 80,77, situando el precio de la garrafa de 13 kilos en cerca de 1.050 pesos uruguayos. Esta reducción supone un respiro para las finanzas familiares, especialmente teniendo en cuenta que el invierno es generalmente una temporada del año con alta demanda energética y, por lo tanto, mayor influencia en los gastos del hogar.

En paralelo a la rebaja del supergás, el gobierno dispuso un leve ajuste al alza en los precios de los combustibles líquidos. La nafta Súper 95 aumentará 0,25 pesos por litro, la Premium 97 subirá 0,26, y el gasoil 50S registrará un incremento de 1,05 pesos por litro. Esta modificación responde a la política oficial de revisión bimestral de los precios de los combustibles, basada en la evolución del Precio de Paridad de Importación (PPI), que se utiliza como referencia para determinar los valores internos en función de las condiciones internacionales del mercado energético.

Autoridades explicaron que el cambio en el esquema de revisión, que pasó de mensual a bimestral, tiene como finalidad ofrecer mayor previsibilidad tanto a consumidores como a empresas distribuidoras, al tiempo que permite amortiguar fluctuaciones abruptas en los precios internacionales del crudo.

Portavoces del gobierno admitieron que no hay precedentes recientes de la decisión de disminuir el precio del supergás. Aunque en ocasiones pasadas se introdujeron subsidios específicos, esta reducción amplia del precio para los consumidores representa un cambio activo del Gobierno frente a las extremas condiciones climáticas. Desde finales de junio, el país sufre una ola de frío calificada como una de las más intensas de los últimos tiempos, con temperaturas bajo cero en varias zonas del interior y sensaciones térmicas aún menores.

El Instituto Nacional de Meteorología emitió alertas tempranas ante la persistencia del frente frío, y diversos organismos gubernamentales han intensificado acciones coordinadas para atender a personas en situación de calle, asegurar el suministro de energía en zonas rurales y promover el uso seguro de calefactores en el hogar.

La medida también ha generado expectativas respecto a su posible impacto en la inflación mensual. Aunque los aumentos en los combustibles líquidos podrían generar cierta presión, la rebaja en el supergás —considerado un bien de consumo básico— puede actuar como contrapeso en la medición del índice de precios al consumidor durante los próximos dos meses.

Por ahora, el gobierno ha dejado abierta la posibilidad de evaluar nuevas medidas según cómo evolucione la situación climática y económica en las próximas semanas. Desde el Poder Ejecutivo, se enfatizó que el objetivo principal es asegurar que ninguna familia se vea obligada a elegir entre calefaccionarse y cubrir otras necesidades básicas. En tiempos de frío extremo, recalcaron, garantizar el acceso a la energía no es solo una cuestión económica, sino también una prioridad social y de salud pública.

Por Miguel Pérez