En febrero, el presidente fue reelegido para un segundo periodo, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Su partido mantiene una mayoría legislativa amplia, sobre la cual construyó reformas que permitieron su postulación y facilitan la aprobación de normativa con pocos contrapesos.
Ampliación del sistema de excepción
Desde marzo de 2022 se decretó un estado de excepción que suspende derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y restricciones a las libertades civiles. Originalmente concebido como una respuesta temporal al aumento de homicidios ligados a pandillas, el régimen ha sido prorrogado más de 30 veces gracias al apoyo legislativo.
Este sistema ha facilitado la captura de más de 85,000 personas de manera arbitraria, con fuerzas de seguridad combinadas desplegadas en gran medida. El número abarca a adolescentes retenidos bajo sospechas de estar ligados a organizaciones delictivas, una situación cuestionada por ponerlos en riesgo de procesos indebidos y sanciones.
Documentación de violaciones y críticas a nivel global
Grupos defensores de los derechos humanos han señalado estas acciones como infracciones sistemáticas: detenciones sin justificación, maltratos, torturas, despidos injustificados y serias deficiencias en el sistema judicial hrw.org. Reportes indican que menores de edad están siendo llevados a prisiones comunes para adultos, a pesar de los criterios internacionales que lo prohíben. Al menos 368 individuos han fallecido en dichos lugares durante este tiempo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, aunque el marco constitucional permite la suspensión de garantías en situaciones de emergencia, esta suspensión debe ser temporal y proporcional. En este escenario, se ha transformado en una acción abusiva e indefinida, generando graves repercusiones políticas y sociales.
Gran infraestructura carcelaria y hacinamiento
Para respaldar al régimen, se edificó el controversial CECOT, un centro penitenciario con espacio para más de 40,000 internos, aunque funciona bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un sistema penitenciario riguroso. Esta gran prisión ha sido calificada como un “abismo” de derechos humanos donde se restringen la recreación y las visitas, y se aplican sanciones severas sin control efectivo.
Los establecimientos penitenciarios en el país han llegado a un punto de saturación: la cantidad de personas encarceladas excede las 94,000, aunque la infraestructura disponible solo puede alojar entre 30,000 y 70,000 con las mejoras recientes amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. Dentro de este sistema extremadamente congestionado, las detenciones en gran escala son comunes, las sentencias rápidas prevalecen, y las condiciones adversas amenazan la seguridad física de los reclusos.
Respaldo ciudadano y desafío democrático
Aunque se han sacrificado ciertas libertades, el régimen goza de un fuerte respaldo. Las autoridades argumentan que la medida es necesaria para proteger a los ciudadanos, y muchos ciudadanos la apoyan debido a la significativa disminución de asesinatos.
Sin embargo, organismos internacionales y agentes jurídicos han advertido de que este modelo autoritario, validado por el poder legislativo consolidado por el Ejecutivo, representa una erosión de los frenos institucionales y el respeto al Estado de derecho .
Preocupación por menores y deportados
Ha surgido una crítica intensa acerca del traslado de menores a prisiones para adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo las infraestructuras diseñadas para situaciones particulares.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Conclusión final: ¿protección sacrificando libertades?
Los resultados en materia de seguridad son innegables: El Salvador registra varios años con cifras históricas bajas de homicidios y en 2024 cerró con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
No obstante, el enfoque ha afectado derechos esenciales y ha erosionado significativamente instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales ahora están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El conflicto es complejo: ¿es justificable renunciar a protecciones constitucionales, libertades individuales y derechos humanos para obtener una seguridad autoproclamada? El porvenir presenta retos: la consolidación de este modelo y su continuidad después del período excepcional.
